EE.UU. aún no audita sus reservas de Bitcoin: incertidumbre en la comunidad cripto
El pasado 5 de abril venció el plazo establecido para que las agencias federales de Estados Unidos informaran públicamente cuántos bitcoins (BTC) poseen en sus reservas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha publicado ningún informe oficial, generando preocupación y escepticismo en la comunidad de criptomonedas.
Contexto regulatorio y transparencia
La falta de divulgación sobre las tenencias de BTC por parte del gobierno estadounidense contrasta con los principios de transparencia y descentralización que promueve la tecnología blockchain. Desde 2020, varias agencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Alguaciles (USMS), han incautado bitcoins en operaciones contra actividades ilícitas, como el caso del mercado darknet Silk Road.
La Ley de Transparencia de Criptoactivos Gubernamentales, aprobada en 2022, exige que las instituciones federales reporten sus tenencias de criptomonedas de manera periódica. El incumplimiento de este requisito plantea dudas sobre la capacidad de auditoría y gestión de estos activos digitales por parte del Estado.
Implicaciones técnicas y riesgos
La ausencia de un informe oficial dificulta la evaluación de:
- Seguridad de las reservas: Sin datos públicos, no se puede verificar si los BTC están almacenados en wallets frías (offline) o en custodios regulados, lo que aumenta el riesgo de hackeo o mal manejo.
- Impacto en el mercado: Las ventas repentinas de BTC por parte del gobierno podrían afectar la liquidez y el precio del activo.
- Adopción institucional La opacidad podría desincentivar a otras entidades públicas y privadas a adoptar criptomonedas.
Casos conocidos y expectativas
Se estima que el gobierno de EE.UU. posee alrededor de 200.000 BTC, valorados en más de USD 13 mil millones al precio actual. Estos provienen principalmente de incautaciones, como:
- Silk Road (2013): ~144.000 BTC.
- Bitfinex hack (2016): ~94.000 BTC.
La comunidad espera que las autoridades cumplan con la normativa y revelen detalles técnicos, como las direcciones de las wallets y los protocolos de custodia utilizados. Mientras tanto, la incertidumbre persiste.
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